El Servicio Andaluz de Salud reclama toda la documentación sobre la investigación del «fraccionamiento masivo e indebido» de contratos menores en Cádiz, a resultas de una denuncia de Podemos, sin aclarar si es parte perjudicada o responsable de los hechos denunciados
La contratación sanitaria a dedo motiva otra causa judicial en Andalucía mientras para la Junta el caso “se desinfla cada día”
El Gobierno andaluz está siendo investigado por dos tribunales distintos -uno de Sevilla y otro de Cádiz- en relación a la contratación a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por cientos de millones de euros. El primero indaga sobre los contratos de emergencia firmados con clínicas privadas entre 2020 y 2024, el segundo sobre el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos por un mismo servicio, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores concatenados.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha rechazado, hasta hoy, personarse en la causa judicial de los contratos de emergencia, y aclarar si lo hace como parte perjudicada o como acusación. En público sostienen que esta investigación “no va ninguna parte”, que no existe ningún ilícito penal y que, a lo sumo, se trataría de “errores administrativos”. Sin embargo, su reacción ha sido distinta ante la causa judicial que apunta al troceo masivo de contratos.
La letrada del SAS en Cádiz solicitó al juzgado que instruye la causa su personación en el proceso “ad cautelam”, es decir, aún sin definir su implicación en los hechos investigados. En un escrito avanzado por la Cadena Ser, y al que ha tenido acceso este periódico, reclama a la jueza toda la documentación que obra en su poder -a resultas de una denuncia de Podemos- para conocer qué se investiga exactamente.
Con este paso, el Gobierno andaluz se sitúa de frente ante un procedimiento judicial que pone bajo sospecha cientos de millones de euros en la contratación pública, de momento, sólo en la provincia de Cádiz. Podemos cursó la misma denuncia en juzgados de Córdoba, Huelva y Granada, pero allí no ha prosperado su denuncia.
El pasado 11 de febrero, la jueza Rosa María García, que investiga el fraccionamiento de contratos menores del SAS en Cádiz, desestimó la solicitud de los representantes legales del SAS, dejando fuera al Ejecutivo de Moreno de la personación de la causa, aunque la provindencia de la magistrada es recurrible. Fuentes de la Consejería de Salud confirman a este periódico que ya se ha presentado un recurso de reforma para volver a insistir en la personación de la causa.
[HABRÁ AMPLIACIÓN]
