Los colectivos y sindicatos de vivienda siguen movilizados para reclamar soluciones al primer problema para los ciudadanos: el drama residencial que sufre el país y que está generando “una situación de asfixia colectiva”. Una decena de organizaciones ha convocado para el próximo 5 de abril la primera jornada de manifestaciones a nivel estatal, bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”.

El Sindicato de Inquilinas quiere hacer valer la red que ha desplegado en los últimos años en todo el territorio, al calor de un “sistema rentista que sostiene el modelo de vivienda actual”. “Tras las multitudinarias manifestaciones por el derecho a al vivienda que tuvieron lugar en otoño en las principales ciudades del Estado, el 5 de abril damos un paso más allá para salir simultáneamente a las calles en decenas de ciudades en un mismo golpe de efecto”, señalan en un comunicado.

“Nos echan de nuestras casas, nos ahogan con precios imposibles y nos criminalizan por sobrevivir. Mientras el Estado, los gobiernos y los partidos institucionales siguen blindando la rentabilidad de este negocio, el Movimiento de Vivienda se planta”, afirman desde el movimiento de vivienda de Madrid, con organizaciones como la PAH de Vallekas.

Cartel de la convocatoria de la manifestación de Madrid

La reivindicación a nivel estatal será la que ya se ha venido repitiendo en las diferentes manifestaciones en diferentes ciudades, cada una con sus propias particularidades, pero atravesadas todas ellas por un encarecimiento de los alquileres. “Los precios desorbitados son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”, mientras “el enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda ha encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”, apuntan.

Las organizaciones esperan contar con el apoyo masivo de la ciudadanía para exigir una bajada, inmediata, de los precios del alquiler en un 50%, que se instauren los contratos indefinidos, para evitar la “expulsión” de inquilinos cada cinco o siete años, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra especulativa, que se desarticulen los grupos de desokupación y que se aumente el parque público de vivienda.

Las demandas no son nuevas. El pasado 9 de febrero, unas 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, salieron a la calle en Madrid para exigir soluciones urgentes y recordar que “la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho”.