Un nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vuelve a desmentir los bulos conspiracionistas de la extrema derecha sobre la presa de Forata. La CHJ ha remitido a la jueza de la DANA su informe sobre las presas de Forata, Buseo y Loriguilla. La magistrada preguntó al organismo hidrológico si el pasado 29 de octubre, día de la DANA, se abrieron las compuertas de la presa de Forata. Y la CHJ reitera en su respuesta que las compuertas del aliviadero “se encontraban abiertas al inicio del episodio, y así se mantuvieron en todo momento”, “No se utilizó ningún otro órgano de desagüe para laminación de la avenida”, abunda el informe técnico.

La CHJ explica que “esta situación permitió laminar la avenida, reduciendo el caudal punta de entrada al embalse, que superó los 2.200 metros cúbicos por segundo a un caudal punta de salida de 1.100 metros cúbicos por segundo”.

La presa, en conclusión, no se abrió como sostienen círculos conspiranoicos, que han conseguido que el bulo cale entre algunos sectores de la población afectados por la DANA. Por el contrario, la presa de Forata (que tampoco afecta al barranco del Poyo) frenó la mitad del volumen de agua que generó la DANA, tal como indicaba un informe anterior de la CHJ elaborado a requerimiento de la jueza. La CHJ avisó previamente a Emergencias de la Generalitat del nivel que iba alcanzando la presa antes de que empezara a desaguar por llegar a los niveles del aliviadero e instó a que advirtiera a los municipios aguas abajo de posibles crecidas del río Magro.

El nuevo informe técnico remitido a la instructora explica que cada embalse dispone de sensores de nivel que miden la cota. “A partir de cada cota se estima el volumen embalsado mediante la relación batimétrica existente entre la cota y el volumen”, agrega.

Así, el caudal de entrada de cada embalse, explica el informe, se obtiene mediante una variable calculada por balance de volumen, teniendo en cuenta el caudal total de salida en cada caso. “Es decir”, detalla la CHJ, “la variación de volumen es igual a la diferencia entre el volumen de las entradas y las salidas del embalse en un intervalo de tiempo”.

También distingue la presa de Buseo, de titularidad de la Generalitat Valenciana (“los datos oficiales serán los que se aporten desde esa administración”, dice la CHJ). En el embalse de Buseo, que resultó seriamente dañado por la DANA, el sensor del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) entró en fallo después de la barrancada, a las 00.00 del 30 de octubre.

La Generalitat, el “órgano responsable de las tomas de decisiones de alertas”

Por otro lado, la jueza también pidió a la confederación el protocolo de avisos a la población en caso de apertura o desbordamiento de las presas. Sin embargo, la respuesta a la magistrada recuerda que la normativa vigente señala como entidad competente para los avisos a la población al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que es el “órgano responsable de las tomas de decisiones de alertas ciudadanas”.

Tal como especifica el Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, los centros de coordinación de Emergencias autonómicos “centralizan todas las informaciones procedentes de distintos organismos oficiales y es con el análisis cruzado de todos los datos como se adoptan las decisiones”.

De hecho, tal como ha informado elDiario.es, a las 18.10 del 29 de octubre, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias emitió un aviso de riesgo en el que declaraba el escenario 2 en la presa de Forata por “peligro de rotura o avería grave”, en el que pedía “evacuaciones preventivas de la población potencialmente afectada por la onda de la avenida en caso de rotura”.

A pesar de ello, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acudió a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) una hora y media después de que Emergencias conociera la peligrosa situación. A tenor del peligro en las presas, la Generalitat convocó a una reunión de urgencia a las 18.30 a los alcaldes de las localidades amenazadas para luego dejarlos tirados. Los consistorios no fueron informados del riesgo.