La Audiencia de Madrid examina este miércoles el recurso presentado por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la decisión de una jueza de Madrid de ampliar la investigación contra él por nuevos delitos, como corrupción en los negocios, que se sumarían a su actual imputación por dos delitos fiscales y falsificación de documentos. La decisión de los jueces de la Sección Tercera abrirá la puerta, o la cerrará definitivamente, a profundizar en la relación comercial de González Amador con Quirón, el gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de euros públicos de la Comunidad de Madrid.

El 24 de junio pasado todo estaba listo para cerrar un pacto entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía. Esa mañana estaban citadas todas las partes personadas en el caso e incluso se habían desplazado desde Arahal (Sevilla) los tres imputados por poner a su nombre empresas ficticias acusadas de firmar facturas falsas. Pero en el último momento, la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid presentó un escrito solicitando ampliar la investigación.

Contrarreloj, los abogados habían examinado los miles y miles de folios que componen las tripas de la investigación de la Agencia Tributaria durante dos años a un ciudadano en principio anónimo llamado Alberto González Amador y a su sociedad de cabecera, Maxwell Cremona S.L. Para la acusación popular, aquellos miles de documentos contenían indicios de algo más que un fraude fiscal de 350.951 euros, repartido en dos ejercicios, y la falsificación de documentos para cometerlo. 

Según el extenso escrito presentado justo a tiempo, la pareja de Ayuso podría haber cometido también corrupción en los negocios, falsedad contable, administración desleal y delito contable, además de haber defraudado una cifra mayor a la que habían calculado Hacienda y la Fiscalía y que había dado lugar a la querella admitida el 20 de marzo de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. 

La presentación del escrito de la acusación popular detuvo cualquier pacto. La jueza se vio obligada a suspender la declaración de González Amador ante la contrariedad de las defensas, pero también de la Fiscalía, que había aceptado la oferta de la defensa del empresario para que fuera condenado a ocho meses de cárcel y una multa de 140.000 euros que le evitaría ingresar en prisión. 

Inmaculada Iglesias, la jueza del caso, decidió en septiembre rechazar la ampliación de la investigación. Alegaba que la veintena de diligencias que incorporaban PSOE y Más Madrid en su escrito podrían derivar en una investigación prospectiva y que alargarían la causa innecesariamente durante años. El escrito de los partidos incidía en la relación comercial de González Amador con Quirón y su vinculación con los hechos investigados, pero también en la adquisición de un piso donde vive la pareja, adquirido después del fraude fiscal. 

En este sentido, la acusación aludía a la información de elDiario.es acerca de una segunda vivienda de lujo, situada encima de la primera, de la que disfrutan González Amador e Isabel Díaz Ayuso sin que un año después se sepa si pagan algo por ella. El ático pertenece a una sociedad participada por un hostelero de León que recibió un préstamo de 900.000 euros para efectuar la compra, sincronizada con la llegada de Díaz Ayuso y el empresario al piso de abajo. 

PSOE y Más Madrid no se dieron por vencidos con la negativa de la jueza. Recurrieron ante la propia jueza y, contra pronóstico –los jueces de instrucción no suelen enmendarse a sí mismos– la magistrada Iglesias aceptó en parte el recurso y abrió una pieza separada para investigar dos de los nuevos delitos planteados por la acusación, corrupción en los negocios y administración desleal. La jueza Iglesias, sin embargo, no empezó a investigar. Con el argumento de que González Amador ya había presentado un recurso contra su decisión acordó esperar a la resolución que adoptará la Audiencia Provincial este miércoles. Entretanto, dio traslado a las partes para que se pronunciaran.

Giro de la Fiscalía

Y aquí llegó un nuevo giro al caso. La Fiscalía, que se había mantenido firme en aceptar la propuesta de pacto de González Amador por dos delitos fiscales en concurso con falsificación documental, reconsideró su postura e informó a favor de que la investigación se ampliara a corrupción en los negocios y administración desleal, como había acordado la magistrada. 

Fuentes de la Fiscalía insisten en que ese escrito de su sección de Delitos Económicos no significa echarse atrás en su aceptación del pacto y que es independiente. Resta conocer si, en el caso de que la Audiencia de Madrid decida seguir adelante con la investigación, la defensa de González Amador va a querer mantener un pacto que conlleva una condena de 8 meses de cárcel para arriesgarse a ser en el futuro condenado por nuevos delitos y que ya sea imposible evitar la prisión.

En su escrito del 10 de enero, el fiscal de Delitos Económicos aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.

Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.

Una sección conservadora

Tres jueces de los seis que componen la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid firmarán el auto que decidirá sobre la investigación a González Amador. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha trasladado a elDiario.es que esta sección concreta implica a todos sus miembros en las deliberaciones y fallos que adopta, aunque luego sean tres los que firmen, con un presidente y un ponente que redacta el auto, elegidos por “riguroso reparto”.

La Sección Tercera está presidida por el magistrado conservador Eduardo Víctor Bermúdez, esposo de Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado con el Gobierno del Partido Popular, firmante del reciente escrito de trece fiscales de sala contra el actual fiscal general y activa defensora de la tesis del “golpe de Estado” en Catalunya como fiscal en la causa del procés. A la sección también pertenece Juan José Escalonilla, el instructor del caso Neurona, que mantuvo cuatro años imputados a varios responsables de Podemos en una causa que ha sido finalmente archivada en su totalidad.