Una semana después del choque público en la coalición de Gobierno a cuenta de la política fiscal a los receptores del salario mínimo interprofesional, nada o casi se ha movido. Aunque ambas partes han querido escenificar que la sangre está lejos de llegar al río, con imágenes distendidas de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez la semana pasada en el Pleno y con María Jesús Montero este mismo lunes durante la presentación de un documental, el pulso entre Hacienda y Trabajo se mantiene intacto: los socialistas no ceden por ahora en su decisión de que el SMI tribute por primera vez en el IRPF; y Sumar sigue firme en su intención de tumbar esa medida en el Congreso.

Las voces en el seno del PSOE que abogan por encontrar una salida pactada al entuerto generado con una medida de la que hace bandera Pedro Sánchez aún no han encontrado el suficiente eco como para conseguir el desbloqueo. Y por eso el pulso sigue. De puertas hacia adentro se muestran convencidos en la parte socialista del Ejecutivo de que Yolanda Díaz no será capaz de mantener el pulso parlamentario hasta el final y de que, por tanto, no habrá choque. Y restan importancia a un conflicto que están seguros de que apenas tendrá recorrido en unas semanas.

“Lo que quedará es que nosotros subimos el SMI, no como la derecha. Es verdad que hay una desavenencia, pero tampoco es tan grave. Hacienda ha tomado una decisión basada en el trabajo de sus técnicos y el Gobierno, por supuesto, la hace suya”, valoraba un alto cargo de Moncloa este martes preguntado al respecto.

Aunque los equipos de Yolanda Díaz y María Jesús Montero han mantenido algún contacto informal durante la última semana, según las fuentes consultadas al corriente de esas conversaciones no se produjo avance alguno. Algo que, en cualquier caso, no descartan de plano en el PSOE que pueda ocurrir en cualquier momento al calor de las llamadas al consenso que lanzan, por ejemplo, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Las críticas internas en Ferraz a la gestión de este caso ponen de ejemplo, de hecho, la postura crítica de los sindicatos con Hacienda por la falta de acuerdo y de diálogo sobre este tema. Y advierten de que el gesto por parte de María Jesús Montero que ayude a encontrar la salida al choque debe llegar “cuanto antes mejor”, principalmente de cara a las perspectivas de la propia Montero en Andalucía. Este fin de semana, sin ir más lejos, Yolanda Díaz participará en el congreso andaluz de la UGT, mientras la ministra de Hacienda será oficialmente ratificada como secretaria general de los socialistas andaluces el domingo con la presencia de Pedro Sánchez, que la respaldará en Granada.

No parece tampoco que Sumar vaya a aflojar su pulso en este choque. Desde que esta polémica cobró un cariz público, los de Yolanda Díaz son conscientes de que cuentan con cierta ventaja desde el punto de vista de la opinión pública, pero además se muestran convencidos de sus argumentos.

“Es una pelea que vale la pena, que vamos a dar. Hemos dicho que estamos dispuestos a arreglarlo en el seno del Gobierno, sobre todo porque creo que en política hay una cosa que no hay que hacer que es enrocarse cuando uno tiene el debate socialmente perdido y está aislado en el Congreso”, dijo este martes el ministro de Cultura y portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, en una entrevista en Radio Nacional. Y después añadió: “Es una pelea que queremos y vamos a dar porque creemos que es socialmente justa”. 

“Vamos a llegar hasta el final”, dijo también la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, en una rueda de prensa en el Congreso, preguntada sobre si Sumar está dispuesta a mantener la proposición de ley que registraron hace una semana para devolver la exención del IRPF a quienes cobran el salario mínimo. 

Precisamente, este martes la Mesa del Congreso aceptó el primer trámite para que tanto esa ley como las que han presentado el PP y Podemos avancen su camino parlamentario. Todas las proposiciones buscan en esencia lo mismo, aunque son técnicamente diferentes y la que ha presentado la formación de Alberto Núñez Feijóo contiene más elementos que van más allá de esa modificación. 

Ahora el Gobierno tiene 30 días hábiles para plantear un veto. Lo puede hacer en virtud del artículo 134 de la Constitución, que lo permite cuando una iniciativa legislativa modifica el gasto, los ingresos o los créditos presupuestarios. Si lo hiciese, la Mesa del Congreso todavía podría levantar el veto y facilitar su tramitación, aunque para ello Sumar tendría que pagar el primer peaje de juntar sus votos al PP. 

Fuentes del grupo plurinacional aseguran que no tendrán problema en hacerlo llegado el caso aunque insisten en que la prioridad es alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno para evitar llegar a una situación como esa. Pero si ese acuerdo no se da, la coalición de Yolanda Díaz está convencida de los pasos que debe dar para modificar legislativamente la decisión de Hacienda. Algo que, subrayan, suscita un amplísimo respaldo parlamentario.  

Si esas iniciativas terminan llegando al Pleno, entrará en juego el cupo parlamentario de los grupos. En función de cuánto tarde el Gobierno en responder, el turno para presentar sus proposiciones podría corresponder al PP, a Sumar o, más difícil, a Podemos por el Grupo Mixto. Así, el grupo plurinacional podría verse forzado a decidir primero si apoya una propuesta de Feijóo para cambiar una decisión del Gobierno antes de poder llevar su propia iniciativa. 

“Vamos a llegar hasta el final, por eso hemos presentado una proposición de ley. No es una amenaza a nadie. Es mantener nuestra posición por escrito. Vamos a llegar hasta el final para que el SMI no tribute”, redundó Martínez este miércoles en la rueda de prensa. 

Mientras las posiciones siguen enconadas, ambas partes dan aire públicamente al debate con argumentos para defender su postura. En RNE, Urtasun salió al paso de las acusaciones por parte del PSOE de que Yolanda Díaz conocía que el SMI tributaría porque así lo reflejaba el informe de los expertos de Trabajo. “Lo que puede haber hecho algún año es una simulación de qué ocurriría, pero jamás recomienda una medida u otra en materia de fiscalidad porque eso siempre corresponde a Hacienda”, explicó. 

Y a continuación defendió que, si el ala socialista impone su criterio, los perceptores del SMI estarían tributando a un tipo marginal del 42%, “el mismo que se aplica al aumento en una renta superior a 60.000 euros”. “Tenemos que preguntarnos si esto es socialmente justo”, dijo. 

Horas después, recibía la respuesta desde el Congreso. “Algunos juegan y dicen que te van a quitar el 41%, no es así”, le criticó veladamente el portavoz socialista, Patxi López, que especificó que, de los receptores, el 80% no va a tributar. “Y el que lo hará en un 6,1% de todo el salario”, añadió. “Hagamos más pedagogía y menos demagogia”, se quejó. 

Solo unos minutos más tarde, le contestaba la portavoz de Sumar. “La pedagogía fiscal se traduce en que una reponedora de un supermercado pague lo que no paga un especulador con 10 pisos. No podemos estar de acuerdo con eso. La pedagogía fiscal es la que determina que el IRPF es el instrumento clave para articular la redistribución de la riqueza y eso es que paguen más las eléctricas y menos las rentas más bajas”, le reprochó a López.

Aunque el pulso sigue, la mayor parte de las voces de uno y otro lado de la coalición se muestran convencidas de que habrá fumata blanca más pronto que tarde. Y de que esta vendrá impulsada, una vez más, por una decisión salomónica del presidente del Gobierno.