“Si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes”. Fue la respuesta que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio al Partido Popular, que este martes sacó toda su artillería en el Senado contra el máximo representante del Ministerio Público y volvió a pedir que renuncie a su cargo. Sobre el papel, García Ortiz había sido citado por la Comisión de Justicia para “informar de su gestión” y presentar la última memoria. Pero su imputación en el caso de la supuesta filtración de documentación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso centró gran parte de la sesión, marcada por la ofensiva total de las derechas. 

“Usted representa una anormalidad democrática”, lanzó en los primeros minutos de su intervención la portavoz del PP, María José Pardo, que comparó después al fiscal general con un “vulgar delincuente” por “borrar las pruebas del presunto delito por el que se le investiga” y que lo acusó de “atacar” al Poder Judicial por su crítica a la actuación del Tribunal Supremo y de la Guardia Civil en las pesquisas en su contra, donde se ha producido una difusión masiva de información sobre el uso de su teléfono no relacionada con la causa.

Pardo atribuyó a García Ortiz una actitud “servil” con Pedro Sánchez e incluso le llegó a acusar de cierta connivencia con los terroristas de ETA y de no respetar a las víctimas de la banda, en relación a ciertas decisiones de la Fiscalía sobre Miguel Ángel Blanco y Arnaldo Otegi. “¿Está del lado de las víctimas o de los verdugos?”, preguntó la senadora. 

Durante su turno de réplica, García Ortiz hizo una defensa cerrada de la labor de la institución que dirige y trató de defenderse de las duras acusaciones lanzadas por la portavoz del principal partido de la oposición. Así, reconoció que está en “una situación procesal bastante incómoda” y que le sería “mucho más cómodo” dimitir, pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de “debilidad” a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico. “Estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas (…) y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad”, aseveró. 

Respecto al borrado de los mensajes, la investigación ha acreditado que eliminó todos sus conversaciones de WhatsApp el mismo día en que el Supremo abrió la causa contra él y que cambió de terminal una semana después, poco antes del registro. García Ortiz defendió que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es “custodio”. “Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio”, aseveró.

En este punto, insistió en que borra “regularmente” los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que aclaró que se vio obligado a borrar su cuenta personal de correo electrónico “el 27 o el 28 de diciembre” —dos meses después de la apertura de la causa contra él— ante “el acoso” que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.