Mientras se suceden reivindicaciones por la crisis de la vivienda en diferentes partes de España, la ciudad de Sevilla albergará a partir de este lunes el principio del desenlace de unos hechos que se remontan siete años atrás. ‘Los 18 de la Macarena’, como se les conoce, se enfrentan a penas colectivas de hasta 77 años de cárcel y multas de 30.000 euros más una fianza de 22.000 por supuestos delitos continuado de usurpación violenta intentada, daños, atentado a agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y maltrato de obra.

El juicio fue aplazado el pasado verano y suma ya siete años de espera pues los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2018. Aquel día, seis personas fueron detenidas y permanecieron dos meses en prisión preventiva. Al salir, dos jóvenes activistas dijeron: “Que nos metan dos meses en prisión preventiva por ocupar una vivienda es una vergüenza”. Movimientos sociales y activistas ha convocado una concentración de apoyo este lunes a las 9.00 en la avenida de la Buhaira, junto a los juzgados.

Pero, ¿qué paso aquel día? Según la Fiscalía, los ahora acusados aprovecharon que el aparejador de la obra abrió el portal de acceso a una vivienda ubicada en la calle Macarena 42 de Sevilla, a punto de ser entregada a sus propietarios, y le propinaron un “violento empujón” entrando a continuación en el edificio “con intención de ocupar las distintas viviendas, causando numerosos desperfectos en el intento de violentar las puertas de acceso”.

Después, siempre según la Fiscalía, “hizo acto de presencia una dotación policial compuesta por varios agentes, quienes pese a identificarse como tales fueron violentamente golpeados por los inculpados referidos y también en el exterior del edificio”. Dice la Fiscalía que el grupo estaba “concentrado en dicho lugar obstaculizando la calle, todos con una actitud violenta y agresiva a la ocupación del edificio, emitiendo proclamas a grandes voces, interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos”.

Agrega el relato del Ministerio Público que “el grupo era aleccionado en lo relativo a las agresiones a los agentes por un inculpado súbdito argelino de ignorada situación en España y sin antecedentes penales”.

“Nos pusieron contra la muralla”

Las defensas han venido considerando que la acusación del fiscal “parece sacada de un libro de terror”. “Hace un relato basado únicamente en la versión de la promotora de viviendas y de los funcionarios de Policía que, por cierto, algunos son propietarios de esas viviendas, con lo que su relato debería quedar al menos en entredicho. Es un relato fantástico en el que relata episodios de presunta violencia que ni siquiera han sido demostrados indiciariamente”, opinaron en su momento.

La versión de los acusados, como vienen defendiendo desde hace años, es que “se solicitan penas en su grado máximo, totalmente desproporcionadas y ejemplificadoras, y con un mensaje claro de criminalización al movimiento a favor de una vivienda digna en Sevilla. Se olvida el escrito de acusación que estas personas eran en su mayoría personas sin hogar y jóvenes estudiantes apoyados por organizaciones en defensa de los derechos humanos que querían visibilizar el grave problema de vivienda que existe en la ciudad”.

Los acusados que pasaron por prisión preventiva narraron, ya en mayo de 2018, unos hechos que contrastan con la versión de la Fiscalía. Según ellos, los agentes policiales “vinieron muy violentos, pegaban golpes porque sí”, y que los “golpes y puñetazos” venían por parte de la policía, “no como dice el juez”. “No estábamos haciendo nada, cargaron contra nosotros y nos pusieron contra la muralla”.

‘Los 18 de la Macarena’ y el apoyo popular

La prisión preventiva a la que debieron someterse los seis detenidos despertó la reacción de Participa Sevilla, Izquierda Unida y Podemos Andalucía, que calificaron como “desproporcionada medida” la decisión del juez y pidieron la excarcelación de los acusados. Además, la Universidad de Sevilla pidió la puesta en libertad de uno de los jóvenes para que este pudiera seguir con el Grado en Antropología Social que estudiaba.

También está la respuesta de la plataforma Barrios Hartos, que ha convocado “concentraciones de solidaridad para exigir justicia” en frente de los Juzgados de la Buahira, los días 17 y 18 de febrero a las 9 h. En el comunicado de la convocatoria, la plataforma expresa que “se considera inaceptable que quienes luchan por el derecho a la vivienda sean perseguidos judicialmente, mientras que los verdaderos responsables de la crisis habitacional —grandes tenedores, fondos buitre y especuladores inmobiliarios— siguen impunes”. Terminan con: “¡ABSOLUCIÓN YA PARA LOS 18 DE LA MACARENA! ¡No a la criminalización de la lucha social! ¡Medidas contra la crisis de la vivienda, no represión!”

Además, ‘Los 18 de la Macarena’ abrieron una recaudación de fondos a través de la plataforma gofundme bajo el título ‘¡Tu solidaridad, nuestra libertad!’, que ha recaudado más de 10.000 euros en más de un centenar de donaciones. En esta web cierran la descripción del caso con un “¡Basta ya de represión! ¡Luchar por el derecho a la vivienda no es delito!”.