La UE y Estados Unidos han aprobado nuevas sanciones contra Venezuela coincidiendo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no reconocen ni los 27 ni Washington. Casi al tiempo que el lider bolivariano juraba el cargo, en ausencia de representación de la mayoría de países, Bruselas y Washington emitían sendos comunicados con la incorporación de nuevos individuos a las listas de sancionados venezolanos. En este caso, se trata de personas que han legitimido el resultado electoral, como representantes de Tribunal Supremo o del Consejo Electoral.

“La Unión Europea se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país. Millones de venezolanos votaron por el cambio democrático apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, según las copias de las actas electorales a disposición del público que se han hecho públicas”, señala la alta representante de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado en el que asegura que “las autoridades venezolanas han perdido una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y garantizar una transición democrática transparente y con garantías para todos”.

“Nicolás Maduro carece, por tanto, de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”, apostilla la jefa de la diplomacia europea. La UE no ha reconocido los resultados electorales de Venezuela y ha reclamado a Maduro que dé a conocer la totalidad de las actas. No obstante, tampoco ha reconocido a Edmundo González como presidente electo tras el fiasco de esa operación llevada a cabo hace unos años con Juan Guaidó. Italia es el único país europeo que ha dado ese paso. También el Gobierno de Joe Biden tomó esa decisión.

Los 27 han incorporado a 15 nuevas personas al listado de sancionados. Se trata de representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, como el secretario general, Antonio Meneses Rodríguez, el vicepresidente, Carlos Enrique Quintero, entre otros, del poder judicial, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Beatriz Rodríguez; y de las fuerzas de seguridad. Kallas sostiene que son “individuos responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho o los derechos humanos en Venezuela” y que las sanciones no producen daño a la economía o al pueblo de Venezuela.

También se han reintroducido las restricciones de viaje aplicadas a cuatro personas que habían sido suspendidas temporalmente en mayo de 2024 “con el objetivo de promover la organización de elecciones inclusivas, creíbles y competitivas en Venezuela en julio de 2024”, según informa el Consejo de la UE en un comunicado: “Estas decisiones se han adoptado a la luz de las acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, también en relación con la celebración de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 y los acontecimientos posteriores”.

La UE eleva así a 69 el número total de personas sujetas a las sanciones, que incluyen la inmovilización de activos y la prohibición de facilitar a las personas incluidas en la lista, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos. Además, dichas personas están sujetas a la prohibición de entrada en la Unión Europea.

“Desde el día de las elecciones, las autoridades venezolanas han endurecido la represión y el acoso contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando a las voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse. Más de 2.500 ciudadanos, incluidos menores de edad, fueron detenidos y, aunque la UE toma nota de la liberación de algunos de ellos, ninguno debería haber pasado ni un solo día detenido. La UE hace un llamamiento a las autoridades de Venezuela para que pongan fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, incluidas las de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, y liberen incondicionalmente a todos los presos políticos”, reza el comunicado de Kallas.

En términos similares se expresan las autoridades de EEUU. “Desde las elecciones del año pasado, Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith: “Estados Unidos, junto con nuestros socios afines, se solidariza con el voto del pueblo venezolano por un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta pretensión de victoria de Maduro”.

Las sanciones, no obstante, varían ligeramente, aunque también las justifica en la “represión” y el proceso electoral. EEUU incluye al presidente de la empresa estatal petrolera, Héctor Andrés Obregón Pérez; el ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez; el viceministro de Interio, Félix Ramón Osorio Guzmán, Félix Ramón Osorio Guzmán; entre otros altos cargos.

Además, el Departamento de Estado aumenta hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención y/o condena de Maduro y del nombrado ministro de Interior, Justicia y Paz de Maduro, Diosdado Cabello, además de añadir una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por el nombrado ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino.