El juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia que firmó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 por un supuesto delito de prevaricación ha retomado la causa este mes, tras el parón navideño, con dos resoluciones que suponen una de cal y otra de arena para los tres gerentes imputados.

En una providencia, el juez Javier Santamaría ha rechazado la solicitud de los querellados -la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán- para que archivase la investigación de los contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado. “No procede el sobreseimiento en este momento procesal sin perjuicio de las diligencias que se practiquen”, argumenta el magistrado en un escrito, al que ha tenido acceso este periódico.

En la misma providencia, el juez también tumba la solicitud planteada por la representación legal de la gerente del SAS para que eleve de 5.000 a 15.000 euros el importe de la fianza que tuvieron que abonar los 30 diputados del grupo parlamentario del PSOE andaluz que suscriben la denuncia.

Con este escrito, tanto el juzgado que instruye el caso de los contratos sanitarios como la Fiscalía Anticorrupción siguen adelante con la investigación, que abarca desde 2020 -primer año de la pandemia- hasta 2024, cuando la actual gerente firma las últimas adendas con ampliación de gasto del Expediente de Emergencia original (110/2021) del que emana la causa principal.

La decision del juez es una respuesta al escrito registrado el pasado 18 de diciembre por la representación procesal de la gerente del SAS y sus dos predecesores, con el que pretendían dar carpetazo a la investigación. Los tres imputados pedían el sobreseimiento inmediato de la causa como “réplica al incierto e injusto relato incriminatorio que se promueve por los querellantes con ocasión de las tramitaciones de emergencia de los contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud objeto de estas actuaciones”, rezaba el documento.

Los abogados de los tres últimos gerentes del SAS en el Gobierno andaluz pedían al citado juzgado que, a “la luz de lo expuesto” en su escrito, “se acuerde el archivo de la causa”, así como que, “en virtud del artículo 280 de la Lecrim” -Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se requiriera a cada uno de los querellantes a través de su representación procesal en la causa para que prestase cada uno de ellos fianza “por importe de 15.000 euros a fin de responder frente a cada uno de los investigados de las consecuencias económicas del resultado de este proceso”, decía su solicitud, ahora desestimada.

Frenazo a la estrategia de acusación del PSOE

Ninguno de los dos objetivos se han conseguido. Los querellados se han estrellado contra un muro, pero también los querellantes. En paralelo a esta providencia que rechaza el archivo de la investigacion, Santamaría firma otro auto que supone un golpe para la estrategia procesal del PSOE, como parte personada en la acusación.

El juez ha rechazado la última solicitud de ampliación de la querella registrada por los socialistas, con la que pretendían expandir la investigación sobre los contratos de emergencia a las ocho provincias andaluzas, aportando los informes de los interventores en los centros delegados del SAS, que cuestionan abiertamente la legalidad del procedimiento de contratación a dedo hasta el año 2024, justificándose en la pandemia.

El magistrado no entra en el fondo del asunto, pero subraya que “no es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales” del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por tanto acuerda inadmitir a trámite la ampliación de querella formulada por el PSOE el pasado mes de diciembre.

El citado juzgado ha acordado la inadmisión de dicha ampliación de querella en un auto con fecha del pasado martes, 7 de enero, consultado por Europa Press y cuya resolución “no es firme” ya que frente a la misma “cabe interponer recurso de reforma y/o apelación”.

La representación legal de los socialistas analiza ahora si recurre la decisión del juez o, por el contrario, replica su denuncia en los juzgados de instrucción de otras siete provincias andaluzas (Málaga es la única que volvió a la contratación ordinaria, mientras el resto siguió prorrogando la adjudicación a dedo de partidas millonarias a clínicas privadas).

El auto detalla que la representación procesal de los parlamentarios socialistas presentó, con fecha del 5 de diciembre de 2024, un escrito de ampliación de la querella contra la actual directora gerente del SAS y sus dos inmediatos predecesores en dicha responsabilidad, que dio pie a las diligencias previas que el mismo juzgado de instrucción incoó en octubre, donde se advierten supuestos “incumplimientos” relativos a “contratos suscritos por las diferentes plataformas logísticas sanitarias de contratación o centrales provinciales de compras que tienen la gestión en la contratación de los centros sanitarios de la respectiva provincia”.

Estos dos movimientos del juez y la Fiscalía Anticorrupción han sido esgrimidos, a partes iguales, tanto por el Gobierno de Juan Manuel Moreno como por el principal partido de la oposición y autor de la querella. El primero defiende que el caso se está deshinchando, apelando a la decisión del magistrado de no ampliar la investigación a las provincias. Los socialistas, en cambio, resaltan que el juez se ha negado a archivar la causa, como le pedían los gerentes imputados, “porque hay claros indicios delictivos en la documentación que ya obra en poder de Anticorrupción”.