La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) afirma en un comunicado que la petición de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, para investigar las comunicaciones de seis periodistas es un “atentado contra el secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución”, que incluye el derecho a no revelar las fuentes. En el caso de elDiario.es, la petición se refiere a tres redactores y al director del periódico, Ignacio Escolar.

La Federación espera que el Supremo “haga caso omiso de la solicitud” dado que, en caso de aceptarla, “plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes”. “La FAPE, sin entrar en labores propias de la justicia, reitera que las pretensiones del empresario vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información”, afirman en un comunicado difundido este jueves.

En ese sentido, la FAPE recuerda que entre esos principios “destaca la información veraz y contrastada y el rechazo a los bulos y noticias falsas que, sobre este caso, ya ha denunciado”. “La Federación, asimismo, rechaza cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas”, añaden.

La petición de González Amador se produce en el marco de la causa por revelación de secretos que un juez del Tribunal Supremo dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrado Ángel Hurtado investiga la publicación en varios medios de un correo electrónico que desmentía el bulo propagado desde la Comunidad de Madrid acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión, cuando había sido el presunto defraudador quien propuso en realidad el pacto.

La pareja de Ayuso persigue ahora, no solo la filtración del correo, sino también la investigación periodística de los hechos delictivos que presuntamente cometió González Amador, ofrecida por elDiario.es el 13 de marzo. Por eso pide que los cuatro operadores nacionales de telefonía móvil guarden los metadatos de las comunicaciones del director de este medio y de los tres periodistas que firman la exclusiva más allá de los doce meses a los que obliga la Ley, por si en el futuro quisiera reclamarlos.