El final del año 2024 llega con una recalificación inesperada, la que prepara el Ayuntamiento de Madrid en los terrenos de El Corte Inglés del Campo de las Naciones, en el distrito de Hortaleza. La propuesta, que ha salido a información pública en pleno parón navideño, intenta evitar el derribo del centro comercial, al que obligó el Tribunal Supremo hace ahora cinco años después de comprobar cómo el consistorio había dejado a la empresa construir más metros cuadrados de los permitidos en el ordenamiento.

Pese a la sentencia del derribo, un acuerdo de mediación intrajudicial en 2023 permitió a El Corte Inglés saltarse la demolición si a su vez cedía terrenos al Ayuntamiento de Madrid para compensar la situación ilegal creada. Los términos de esta negociación solo se conocieron parcialmente y ahora, con la publicación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, termina de encajar un puzle que incluye la cesión de unos terrenos colindantes y una nueva dotación para la red ciclista de la ciudad.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, incluye aumentar la edificabilidad de la parcela de Avenida de los Andes 50, donde El Corte Inglés tiene su centro de Campo de las Naciones, a poca distancia de Ifema. A cambio, la empresa entregará al Ayuntamiento dos parcelas con uso residencial, situadas en las calles Guadalajara 25 y Juan Martínez Arroyo 12, que pasarán a ser dotacionales y destinadas a un equipamiento público.

La propuesta aprovecha la reciente Ley Ómnibus que modifica la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid para proponer una operación urbanística que incluye un incremento de edificabilidad terciaria comercial de 8.739,50 metros cuadrados para El Corte Inglés. Según el estudio de impacto económico incluido en la documentación de este trámite, el valor de repercusión añadido en esta operación es de 1.185,20€ por m2, lo que eleva a unos 10,3 millones de euros el aumento del valor de los terrenos donde se sitúa el centro comercial.

En una carta enviada por El Corte Inglés al Ayuntamiento a la que ha tenido acceso Somos Madrid, la empresa se compromete a la cesión de las dos parcelas citadas, que alcanzan los 2.378,50 m2, además de al pago de las cargas económicas correspondientes a la ejecución y financiación de los viales no urbanizados (458.883,87 euros, según la valoración efectuada por el Departamento de Urbanizaciones) y a la cesión gratuita de los viales que forman parte de la parcela Guadalajara 25.

Plano de la actuación, con las tres parcelas afectadas

El Gobierno de Almeida asegura en la propuesta de modificación del PGOUM que toda la actuación persigue promocionar la bicicleta como medio sostenible: “La propuesta surge de la oportunidad, conveniencia y necesidad de corregir el déficit de dotaciones locales en el entorno, lo que permitiría obtener suelo de dotaciones para apoyar la infraestructura pública municipal del anillo ciclista”, asegura en uno de los textos que forman parte de la argumentación que sustenta esta operación.

La intención del consistorio es implantar en las parcelas cedidas un “Centro de la Movilidad Sostenible” vinculado a la infraestructura ciclista municipal, del que no da demasiados detalles más allá de decir que estará “dirigido a la promoción del uso de la bicicleta como modo sostenible de movilidad así como de otros medios de movilidad activa”. Justifica su ubicación por la cercanía del anillo verde ciclista y asegura que presentará una superficie edificada muy inferior al conjunto de los usos preexistentes. Entre las posibilidades que plantea en este lugar están las de abrir allí aparcamientos seguros para bicicletas y otros Vehículos de Movilidad Personal, así como incorporar una base permanente del sistema de alquiler de bicicletas públicas, Bicimad. “Será un centro de referencia para la innovación, investigación y divulgación de nuevos modelos de transporte urbano basados en la actividad saludable y recreativa”, asegura el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en su argumentario.

El proyecto de modificación se encuentra en periodo de información pública desde el sábado 21 de diciembre y la fecha para presentar alegaciones finaliza el próximo 20 de enero de 2025.

La recalificación del Hipecor de Méndez Álvaro, en los juzgados

La situación irregular de este centro de El Corte Inglés viene de una licencia municipal concedida en el año 2013 que posteriormente fue anulada por la justicia, ante la demanda de un particular. Los tribunales aseguraron que el Ayuntamiento de Madrid había incumplido la Ley del Suelo tanto por la división del suelo como por las reservas de aparcamiento, permitiendo a la cadena de centros comerciales exceder la edificabilidad en tres lugares: Serrano (6.500 m2), Campo de las Naciones (11.300 m2)  y Méndez Álvaro (7.500 m2).

El Corte decidió desprenderse del centro de Serrano y acordó con el Ayuntamiento una modificación del PGOUM en su antiguo Hipercor de Méndez Álvaro, que cerró en febrero de este año. Allí había acordado antes con el Gobieno de Almeida levantar dos torres de oficinas de 27 pisos, con un aumento notable de la edificabilidad, para abordar el derribo de la sentencia del Supremo. El consistorio aprobó en el año 2023 esta recalificación con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de PSOE y Más Madrid. Gracias a ella, los terrenos de El Corte Inglés en Méndez Álvaro pasaban a valer 29 millones de euros más. A los que se sumarán otros 47,5 millones previstos con la venta de las torres.

El proyecto salió adelante con polémica: la propia Comunidad de Madrid mostró sus reservas ante el planteamiento y hace un año obligó a Cibeles a rehacer el proyecto urbanístico por presentar “carencias y deficiencias” que hacían inviable su ejecución. Luego, el PSOE lo denunció en los tribunales porque consideraban que esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) “es un caso clarísimo y gravísimo de pelotazo urbanístico hecho ad hoc a los intereses de un privado y contra los intereses de la ciudadanía”.

Los socialistas indicaban que la ley obliga a que, ante cualquier incremento de edificabilidad, es decir, de lucro para un privado, éste tiene que ceder parte de esos metros al Ayuntamiento para servicios públicos. “Consideramos que es una estafa consentida”, añadían en una nota de prensa en la que hablaban claramente de “pelotazo urbanístico”. El TSJM admitió a trámite la demanda, pero todavía no se ha pronunciado sobre ella.