El Gobierno valenciano del PP elimina in extremis los impuestos a las emisiones contaminantes aprobados por el anterior Ejecutivo progresista. A través de un decreto ley, que tendrá que ratificarse en las Corts Valencianes, el Consell de Carlos Mazón modifica las leyes ambientales de la izquierda para suspender tres tributos sobre las emisiones de CO2 de vehículos, emisión de gases contaminantes y grandes establecimientos comerciales, amparándose en que podrían suponer una “doble imposición”. En paralelo, mientras avanza en sus reformas fiscales, el presidente valenciano sigue pidiendo millones de euros al Gobierno central “para no colapsar los servicios sociales”.

El PP ya prometió a principios de legislatura que modificaría la llamada fiscalidad verde, justificando que se trata de una adaptación normativa “a la coyuntura actual”. Ahora, el Ejecutivo autonómico defiende que se trata de “optimizar el diseño fiscal” de la Administración valenciana y armonizarlo con la normativa estatal. El presidente Mazón anunció en un acto en Barcelona el pasado marzo que frenaría las medidas fiscales de la Ley de Cambio Climático. Mazón aseguró que el impuesto a las grandes superficies comerciales, a la industria y a los vehículos que generasen emisiones contaminantes, aprobados por el anterior Ejecutivo, no entrarán en vigor. “No lo voy a poner en marcha porque no va a ayudar a nuestra competitividad. Y es, en mi opinión, un discurso ‘fake’ de sostenibilidad. Y lo único que va a provocar es el colapso”, defendió.

En la elaboración del decreto han participado las consellerias de Medio Ambiente y Hacienda, modificando cuatro leyes. En concreto, la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, la ley de Fomento de la Economía Circular, la ley forestal -para introducir un cambio concreto sobre el cultivo de trufas- y el decreto de medidas fiscales de apoyo a las personas afectadas por las inundaciones, para modificar el IRPF.

El Ejecutivo indica que “se modificará la regulación de los requisitos para el cálculo de la huella de carbono y el plan de reducción de emisiones de CO2, para que no sea obligatoria la inscripción de las empresas en el Registro de Iniciativas de Cambio Climático a partir del 1 de enero de 2025”. La inscripción en este registro tendrá carácter voluntario una vez entre el vigor el decreto. También se deja abierta la posibilidad trasladar la carga tributaria del impuesto sobre el depósito en vertederos a los consorcios o entidades locales responsables del servicio de tratamiento.

Los impuestos que aprobó el Consell del Pacte del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida- estaban previstos para arrancar el 1 de enero de 2025. Como la tasa turística, que tantas discusiones provocó entre los cuatro partidos, este tributo que se retrasó tampoco verá la luz.