El Tribunal Supremo ha confirmado en lo esencial la sentencia que condenó económicamente al Partido Popular por la reforma de su sede central pagada con dinero opaco de su ‘caja B’. Los jueces han estimado parcialmente algunos recursos y rebajan a nueve meses de prisión la condena de los responsables de la empresa que hizo las obras y deja en ocho meses la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, además de 180.000 euros de multa para este último.

La sentencia rebaja también la cuota defraudada del delito fiscal: la cuota defraudada pasa así de 870.000 a 374.000 euros. La condena del Partido Popular como responsable civil subsidiaria para hacerse cargo de las cuotas tributarias eludidas, en caso de que los condenados no lo hagan, no fue recurrida ante el Supremo así que “se mantiene”, explica el tribunal.

La sentencia de la Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por pagar más de un millón de euros a la empresa unifica por reformar la sede central del partido en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Un dinero que procedía de la contabilidad paralela y que sirvió para reformar siete plantas del edificio, sótanos y garajes entre 2005 y 2010. Todo en dinero negro, según dijeron los jueces: “Al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”.

Además del extesorero del PP, fueron condenados por fraude fiscal a dos años y nueve meses de prisión los responsables de la empresa que realizó la reforma: el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García. El PP también fue condenado como responsable civil subsidiario de una parte del fraude fiscal: de los 123.669 euros que Unifica dejó de pagar en 2007 por el Impuesto de Sociedades al haber cobrado en negro de las arcas del partido y, por tanto, a espaldas de Hacienda.

Los órganos directivos del PP en ese momento, dijo la Audiencia, no ejercía “un control adecuado” sobre la gestión de Bárcenas y sus medidas para prevenir este tipo de situaciones eran, en ese momento, inexistentes. El partido debía responder económicamente por esa parte del fraude, añadió la sentencia ahora ratificada por el Supremo, ya que Bárcenas actuó “como gerente de dicha formación política”.

La caja B y los papeles de Bárcenas

Esta no es la primera sentencia que certifica la existencia de una caja de dinero negro en el Partido Popular, pero sí fue la primera que se pronunció sobre la veracidad de la contabilidad paralela que llevó su tesorero: los conocidos como ‘papeles de Bárcenas‘. “Determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales”, asegura.

Esa resolución, ahora declarada firme en lo esencial, afirmó que Luis Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela –contabilidad B– de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial”. Y los papeles de Bárcenas, añadió, “reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma”.

No todo el mundo recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Luis Bárcenas, por ejemplo, no recurrió su condena de dos años de prisión. El Partido Popular, todavía con Pablo Casado al frente, presentó alegaciones ante la Sala de lo Penal contra la condena de Bárcenas y la suya propia, pero lo retiró poco después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Esta no es la primera sentencia firme sobre las distintas ramificaciones del caso Gürtel de corrupción, una investigación que arrancó hace más de 15 años en la Audiencia Nacional. Una causa abierta en torno a municipios y administraciones públicas controladas por el PP donde empresarios de la trama encabezados por Francisco Correa se beneficiaron de adjudicaciones millonarias a cambio de mordidas y regalos a políticos del partido.

Se trata de la séptima resolución firme del Tribunal Supremo que declara probada la relación simbiótica entre el PP y la trama corrupta durante años. La última fue dictada a finales del año pasado cuando el alto tribunal confirmó que el partido se financió con 200.000 euros de la Gürtel en Boadilla del Monte, uno de sus feudos en Madrid.