El juez que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2023, amparándose en una ley derogada tras la pandemia, ha citado como investigada a la actual gerente, Valle García, y a sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

En una providencia, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, el juez de instrucción número 13 de Sevilla, Javier Santamaría, ha informado a los tres de que van a ser investigados en una causa judicial sobre un posible delito de prevaricación, a resultas de una querella interpuesta por el PSOE que denuncia tres delitos más: malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, este último castigado con hasta ocho años de cárcel.

La querella de los socialistas señala directamente a dos ex altos cargos dle Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, gerente del SAS entre noviembre de 2019 y julio de 2022; y su sustituto, Diego Vargas, que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023. Guzmán fue ascendido a viceconsejero de Salud tras las elecciones de 2022, pero cesado cinco meses después, tras hacerse públicas las desorbitadas listas de espera de pacientes para operarse, que la Junta llevaba año y medio sin publicar.

A los tres meses de su cese, Guzmán fichó por la aseguradora privada Asisa, una empresa que se había beneficiado de la adjudicación a dedo de 44 millones de euros en contratos que ahora investiga la Justicia. Su sustituto como gerente del SAS fue Diego Vargas, también imputado, que fue destituido junto a él el mismo diciembre de 2023.

La Junta fichó entonces a la actual gerente, Valme García, que nada más llegar aparcó los Acuerdos Marco con los que pretendían volver a la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, y recuperó la adjudicación a dedo con clínicas privadas, esta vez con la fórmula del negociado sin publicidad, con la que ha repartido más de 120 millones este años, el 80% a los mismos seis complejos hospitalarios privados que acapararon los contratos a dedo entre 2021 y 2023 que investiga el juez.

El PSOE también cuestiona el uso de los contratos negociados sin publicidad pero, sin ampliar aún la denuncia a estas nuevas adjudicaciones a dedo, el pasado 11 de noviembre incluyó en su querella el nombre de la actual gerente del SAS, que un día después aparece como investigada en la causa que instruye Santamaría.

El magistrado cita a los querellados “para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella”, aunque no fija el día de su declaración en los juzgados. Santamaría ha requerido en su auto documentación al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Junta de Andalucía y también del SAS. En la última provindencia, reclama al Gobierno andaluz el expediente aprobado por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, en el que sustituyen la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios sanitarios -incluidos los polémicos contratos de emergenica- por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Una de esas auditorías de la Intervención del SAS, referente al ejercicio 2021, cuestiona el procedimiento de emergencia cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”, concluye que “no existe justificación alguna” para mantener los contratos a dedo, y pone en entredicho el reparto discrecional de casi 300 millones a euros entre clínicas privadas.

El juez da aviso de su auto, en el que cita como investigados a los tres últimos responsables del SAS, a la Fiscalía Anticorrupción, que forma ya parte de la causa y deperá posicionarse respecto a los delitos y querellados que señala el PSOE.