La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha fiado la solución a la crisis de la vivienda que atraviesa a muchas familias y jóvenes en todo el país a la voluntad de los caseros. “España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y españolas”, dijo este martes en una entrevista en Onda Madrid.

Rodríguez se ha mostrado convencida también de que hay que “atender y cuidar” a los caseros porque “en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler”. Según un análisis de elDiario.es, con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, desde 2015 el precio de la renta que pagan los inquilinos se ha disparado en más de un 30% en las grandes ciudades y zonas turísticas y en torno a 1,3 millones de hogares destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, en contra de las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea.

La ministra ha reconocido, no obstante, que las administraciones públicas deben enfocarse en alcanzar un parque de vivienda pública comparable con el de otros países del entorno. La media europea se sitúa en torno al 9%, con máximos sobre el 20%. Esa es precisamente la “aspiración” del Ejecutivo, ha dicho Rodríguez. Actualmente, el parque público de vivienda supone cerca del 2,5% del total y el Gobierno se ha comprometido a ampliarlo en 183.000 inmuebles.

Una de las medidas que incorpora la Ley de Vivienda, aprobada la pasada legislatura, es la limitación de las subidas anuales del precio del alquiler. Sin embargo, la propia ministra reconocía este lunes que los caseros están utilizando la triquiñuela de los contratos temporales para esquivar el tope. El control de esta modalidad fue un punto de discusión entre el PSOE y Unidas Podemos durante la negociación de la norma. Los de Ione Belarra ya advirtieron que había que regular esta fórmula, pero finalmente el socio mayoritario impuso su criterio.

Ahora, y tras un varapalo en el Congreso, el PSOE trabaja en un reglamento para regular el alquiler de temporada. Es una adaptación a la normativa europea, que ha dado de plazo hasta 2026, pero que el Ejecutivo se ha comprometido a tener listo este año. “Garantizamos solo los contratos de temporada para quien de verdad los necesita, verificamos si existe esa causalidad que lo justifica y nos dotamos de un instrumento para combatir el fraude, la ilegalidad y el abuso de ley, que es lo que se está produciendo en estos momentos”, admitía Rodríguez un día antes de asegurar que España es “un país solidario”