La jueza del Tribunal Supremo Isabel Perelló será la próxima presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras lograr 16 de los 20 votos del pleno. Algo más de un mes después de tomar posesión, los nuevos veinte vocales se han puesto al fin de acuerdo y han pactado que la magistrada del Alto Tribunal ocupe el primer sillón de la judicatura española durante el próximo lustro. La elección ha tenido lugar tras varios intentos infructuosos y permitirá que la institución pueda empezar a funcionar con normalidad tras años de desprestigio. De perfil progresista, es la primera mujer en la historia en presidir el órgano de gobierno de los jueces.

El pleno ha acordado este martes sumar a Perelló a la lista de candidatos después de que durante el último mes haya sido imposible encontrar un nombre de consenso entre los siete jueces del Supremo propuestos el pasado julio. En esa lista estaba también Ana Ferrer, que ha cosechado cuatro apoyos en la votación definitiva de este martes. La elección requiere el respaldo de tres quintos de los miembros del pleno. Esto es, de al menos 12 vocales.

Perelló es una de las magistradas más veteranas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que ingresó en 2009 después de una década trabajando en la Audiencia Nacional y como letrada del Tribunal Constitucional. Considerada de perfil progresista, en la crisis del impuesto hipotecario de 2018 apostó por cargar este tributo al banco y no al cliente. “Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto”, dijo su voto particular.  

Hace dos años fue una de las nueve magistradas del Supremo que se ofrecieron como candidatas al Constitucional para desbloquear la renovación parcial del tribunal de garantías, en un momento en el que el sector conservador bloqueó durante meses la designación de nuevos magistrados. Está afiliada Juezas y Jueces para la Democracia desde hace décadas.

Las conversaciones, que se han mantenido abiertas durante todo agosto, se han intensificado en los últimos días. Especialmente a partir de este lunes, cuando tuvo lugar una larga jornada de negociaciones en las que la mayoría aceptó la propuesta del sector conservador de buscar nuevos candidatos después de que fuera imposible encontrar un nombre de consenso entre los siete jueces del Supremo propuestos en julio. 

La dificultad para llegar a un acuerdo ha puesto de manifiesto cómo, por primera vez, la elección de la presidencia no ha sido objeto de un pacto entre los dos grandes partidos. Hasta este octavo mandato, lo habitual era que la designación de la presidencia —que formalmente hacen los vocales— estuviera decidida de antemano por los políticos.

Las complejas negociaciones que han derivado en el acuerdo final evidencian también la total relevancia que los dos bloques dan a la figura encargada de dirigir una institución que maneja un presupuesto cercano a los 80 millones de euros y que se encarga de elegir a los altos cargos de la carrera judicial y de sancionar las infracciones de los jueces.